Conceptos gravitantes en la reforma
constitucional
La República Argentina es un estado
democrático de derecho con justicia social e igualdad de oportunidades. Su
colectivo social es de carácter multi-étnico y sus saberes admiten una pluralidad de culturas integradas
solidariamente.
Los poderes públicos- Las funciones públicas y
la responsabilidad de los funcionarios
Como principio
básico es de importancia recuperar la moral pública de las áreas del estado que
sirven a la democracia, promoviendo el respeto, la igualdad y la defensa
imprescriptible de los derechos humanos como principios rectores de la convivencia,
la paz y la solidaridad. Como así darle carácter institucional a los derechos
adquiridos legítimamente por el pueblo
en su confrontación al colonialismo, al neoliberalismo y la exclusión social
que naturalizó la explotación y la violencia institucional.
Como principio ético debe valorarse lo que
promueva la eficacia y la celeridad responsable en la administración pública,
en los institutos sociales (gremios, hospitales, sociedades barriales, etc.) y
en los poderes del estado (municipales, provinciales y nacionales) Ningún funcionario
en estas áreas debe considerarse con derechos absolutos e impunidad. Sus
mandatos estarán sujetos a su eficacia y capacidad de gestión, como así al
cumplimiento de las responsabilidades delegadas en su persona y por eso su
tarea podrá ser revocable y transferible. Su investidura siempre responderá al
interés general y al deber de
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes sustentándose en un
principio de igualdad. Nadie debe abusar de su cargo y actuará de
acuerdo a la libertad de acción que le confieren las atribuciones otorgadas
democráticamente y que consagran la Constitución, las leyes vigentes y las
necesidades que le pueblo demande.
El que actuare con dolo responderá además
patrimonialmente: es de saber que siempre las responsabilidades públicas son
mayores que las privadas por las obligaciones que imponen y por los daños
sociales que producen sus desviaciones.
Se deberá castigar al clientelismo, al
favoritismo, como al abuso y perversión de cargos en ejercicio, que realizaren
funcionarios alejados de las obligaciones propias del estado de derecho
democrático. Los cargos que competen a los funcionarios responderán a concursos
públicos efectivos y los electos deberán dar cuenta sin restricciones de sus actos de acuerdo a las leyes que los regulen.
Los honorarios serán de acuerdo a sus capacidades y necesidad, sin sobresueldos
ni aportes privados. Ninguna acción pública debe satisfacer intereses de privilegio
o mezquinos, ni encubrir maniobras de enriquecimiento ilícito, de beneficio
privado y/o corporativo. Se disolverán aquellas carteras que favorezcan a intereses
monopólicos, corporaciones y
proyecciones latifundistas.
Será pasible de sanciones severas quien por
vehículo de su cargo obtenga réditos personales o de grupo, quien reciba
dádivas por favorecer a poderes económicos y/o corporaciones, quien desviare
recursos o se aproveche en situaciones de emergencia de lo destinado al auxilio
de los afectados .También a los que favorezcan a potencias extranjeras o que
realicen acciones que conspiren con los principios que emanan de la
Constitución, las leyes vigentes y la paz social.
Debe prevalecer siempre el principio de que
las leyes y los poderes públicos sustentarán a los más débiles, a los
excluidos, a los que no posean más recursos que la voluntad de vivir
dignamente, a que el trabajo sea libre y jamás una forma de esclavitud, y que
se pueda prosperar sin dañar al prójimo.
Los
Sujetos del actualizado proyecto nacional
Lo que se
conoce como neoliberalismo (o sea la desnacionalización de la economía seguida
de la transnacionalización de las decisiones políticas y de legitimidad
económica), para imponerse como modelo de acción de los poderes económicos
concentrados, se realizó con la necesaria destrucción del Movimiento Obrero y
la imprescindible violación o restricción de todos los derechos
constitucionales( como ocurrió en 1955 con el golpe de estado al movimiento
peronista para imponer el liberalismo económico colonial y bestialmente en 1976
para acuñar el neoliberalismo) ; cooptando para ello necesariamente al poder
judicial y a las direcciones sindicales domesticadas en un” modelo único” basado ideológicamente
en el supuesto “fin de la historia”. Esto se impuso violentamente ya que debía
privar el dominio del capital financiero globalizado sobre el capital comercial
e industrial local. Esto claramente indica que no basta solamente con
reintegrarle los derechos arrancados a la clase trabajadora sino que habrá que
garantizarle otros mas, con acceso a nuevos paradigmas de inclusión social y
política al pueblo argentino, para que el decadente universo de la valorización
financiera como fin de la economía y del sacrificio humano no puede repetirse
como política de estado.
Cabe por todo lo argumentado, que los
derechos legítimamente adquiridos por la resistencia social a los modelos de
exclusión sean incorporados institucionalmente, ampliando la masa de actores
políticos para darle “profundidad” al proyecto nacional emancipador.
SEPTIEMBRE 2008
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